Julio Borges y Antonio Ledezma, entre otros, recibieron la distinción. “Aquí se honra a la Asamblea Nacional elegida democráticamente por el pueblo venezolano”, dijo el representante de la Eurocámara, Antonio Tajani.

La observancia internacional sobre las violaciones de derechos humanos del régimen madurista se mantienen en el tapete. Esta vez fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que se pronunció por un caso que habla por muchos, el profesor Santiago Guevara, para el cual emitió una medida cautelar en la que pide al Estado venezolano ‘garantizar la vida e integridad personal’ ante su deteriorado estado de salud y sus condiciones de reclusión. El país y el mundo no olvida a los presos políticos.

Organizaciones de la sociedad civil formulan una serie de exigencias y recomendaciones ante el experto independiente, Alfred-Maurice de Zayas, cuya reciente visita al país compaginó con el actual discurso del gobierno de Maduro.

Ortega señaló previamente que no se pueden presentar denuncias, pero sí aportar pruebas para pedir que la Fiscalía las evalúe. Las denuncias alcanzan a Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino; al ministro del Interior, Néstor Reverol; al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González; y al jefe del gobierno del Distrito Capital y ex jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres.

La OEA ha discutido en varias ocasiones el tema de Venezuela, especialmente este último año, cuando las violaciones a los derechos humanos tuvieron un repunte sin precedentes durante las protestas nacionales de abril a julio.

Ottawa los acusa también de corrupción.

Las fuerzas políticas democráticas, por el sentimiento de la Unidad, enfrentan los retos de hacer gala de civilidad.

Luisa Pernalete (Fe y Alegría), Alí Daniels (Acceso a la Justicia) y Rafael Uzcátegui (Provea) destacan la importancia de la participación ciudadana en las elecciones del 15 de octubre, pese a las trabas impuestas por el CNE. Conciben este proceso como una respuesta a todos los abusos de la dictadura para mantenerse en el poder, además de demostrar que la verdadera voluntad del pueblo es la de una mayoría que exige cambios en el país.

El documento -resultado de 10 meses de diálogo entre activistas de 21 estados y consultas con expertos- es un faro de luz en un país donde no hay las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos.

La restricción migratoria incluye a países como Chad, Irán, Libia, Siria y Yemen. En el caso de Venezuela, las sanciones impide el ingreso de funcionarios del Gobierno y de sus familiares directos a Estados Unidos.

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