Miércoles, 18 Julio 2018 00:00

Fiscal ilegítimo finge lucha contra corrupción con órdenes de detención de empresarios que están fuera del país

 
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El consorcio García Hermanos nunca recibió pago por la expropiación de Frigoríficos Ordaz (Friosa) y Alimentos Friosa El consorcio García Hermanos nunca recibió pago por la expropiación de Frigoríficos Ordaz (Friosa) y Alimentos Friosa Foto Ministerio Público

El fiscal ilegítimo designado por la dictadura, Tarek William Saab, informó sobre ocho nuevas órdenes de aprehensión por supuesto “desfalco a la nación” de 49 millones de dólares, a través de la “sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones de alimentos para obtener divisas preferenciales a través de Cadivi”.

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El fiscal ilegítimo designado por la dictadura, Tarek William Saab, informó sobre ocho nuevas órdenes de aprehensión por supuesto “desfalco a la nación” de 49 millones de dólares, a través de la “sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones de alimentos para obtener divisas preferenciales a través de Cadivi”.

Los solicitados: Sebastián García Armas, Serafín García Armas, Pedro García Armas, Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel García Piñero, Margaret García Piñero y Domingo García Cámara; todos vinculados al grupo García Armas, serán imputados por obtención fraudulenta de divisas, sobrevaloración de mercancías y asociación, informó el Ministerio Público a través de una nota de prensa.

Según este despacho, las empresas Frigoríficos Ordaz (Friosa) y Alimentos Friosa se asociaron con dos empresas chilenas entre los años 2005 y 2010, Benipaula, S.A. y MSM, S.A., para sobrefacturar importaciones.

Saab agregó que la accionista mayoritaria de ambas empresas chilenas, Marlene Beriestain, reconoció durante un proceso judicial en Chile que creó tales empresas por instrucciones de Serafín García, uno de los líderes del grupo García Armas.

La comisión de delitos tributarios por parte de las compañías ya mencionadas en territorio austral le costó a Beriestain y dos de sus contadores una pena de 5 años de prisión, además de multa por 30 millones de pesos chilenos, equivalentes a 50 mil dólares.

“Con esta manera de actuar se busca dañar al país y eso no va a quedar impune”, aseveró el fiscal ilegítimo, quien agradeció la labor de tribunales y órganos auxiliares para “hacer justicia”.

Este acto público del régimen bien podría pasar como un ejemplo de lucha contra la corrupción… si no se sabe que estos empresarios no solo están fuera del país, sino que además fueron víctima de la ola de estatizaciones del Ejecutivo que, además de resultar en impagos a sus propietarios, su administración en manos del Estado devino en la quiebra de la empresa.

Las campanadas sonaron desde el mismo 2 de septiembre de 2010, cuando el entonces ministro de Comercio, Carlos Osorio, anunciaba públicamente la posibilidad de estatizar Friosa. Solo bastaron horas para que los trabajadores, viendo el fracaso gubernamental en la administración de las empresas expropiadas, protestaran para exigir la reversión de un proceso que inició un mes y tres días después.

Una vez concretada la toma de la compañía, el Estado nunca concretó la compra, para lo cual el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, aprobó 60 millones de bolívares.

60 millones que nunca llegaron a manos de los ex propietarios de la empresa. Esos que hoy, además de expatriados y estafados, son víctimas de las mascaradas del régimen de lucha contra la corrupción.

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