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Miércoles, 23 Mayo 2018 00:00

BID suspende préstamos a Venezuela por atraso en pago de $ 88,3 millones

 
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El organismo explicó que reconoce los esfuerzos de Venezuela y seguirá trabajando con su gobierno para resolver el retraso en los pagos El organismo explicó que reconoce los esfuerzos de Venezuela y seguirá trabajando con su gobierno para resolver el retraso en los pagos FOTO ARCHIVO

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este martes que no podrá realizar ninguna actividad de préstamo con Venezuela hasta que el país salde su mora, luego de que se cumpliera el límite de 180 días -el lunes 14 de mayo- que el organismo contempla para pagos adeudados, en este caso, por 88,3 millones de dólares.

El BID ha sido fuente de asesoría técnica y financiamiento en áreas estratégicas de Venezuela, que incluyen el desarrollo de la capacidad de generación hidroeléctrica, el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento y el apoyo a programas de protección social, entre otros proyectos que suman más de 300 en el país.

A través de un comunicado, el organismo explicó que la mora total de préstamos de Venezuela con el BID, incluidos aquellos montos que aún no llegan al límite de 180 días, asciende a US$ 212,4 millones, sobre una deuda total de US$ 2.011 millones. La deuda de Venezuela representa 1,6% de los activos totales del Banco al 31 de marzo de 2018, precisan.

“A la fecha, el BID no espera que la situación de no-devengamiento de Venezuela afecte los coeficientes de liquidez y capital del Banco para el 2018, los que se mantienen robustos y en pleno cumplimiento con las políticas financieras del Banco. El BID anticipa que esta situación no afectará su programa de préstamos de 2018”.

Hasta 2014, de acuerdo con la Estrategia de País BID con Venezuela, el organismo valoraba que el perfil de vencimiento de la deuda pública del país era adecuado y no se preveían problemas de sostenibilidad de deuda en Venezuela. “El escenario financiero considerado asume aprobaciones promedio anuales por US$ 900 millones para operaciones con garantía soberana y por US$ 3 millones en contribuciones no reembolsables y productos de conocimiento. Bajo este escenario, la participación del BID en la deuda multilateral se mantendría por debajo del 50% durante todo el periodo de la estrategia. Asumiendo un promedio anual de desembolsos de US$ 540,6 millones, los flujos netos para el país se mantendrían positivos a lo largo del período considerado”, estimaban.

Pero en los últimos años, el retroceso económico en el país ha sido sostenido con un descenso de la inversión tanto pública como privada, contracción económica y el ingreso de Venezuela en 2017 a un proceso de hiperinflación, que ya ubica al país como la hiperinflación más alta en la historia de Sudamérica.

Hasta 2010, la mayor parte de la cartera por desembolsar (US$ 1.224 millones) estaba concentrada en el área de energía eléctrica (67,3%), seguida por agua potable y saneamiento (16,5%) y protección social (11,4%).

Este año, el país no tuvo aprobación de proyectos por parte del organismo y, en 2017, solo se aprobaron cinco, el más importante relacionado con el sector de energía, en donde el BID identificó en estudios previos tres pasivos: (1) la antigüedad de las plantas de generación hidroeléctrica, con más del 50% de la capacidad instalada con edades entre 25 y 40 años, y termoeléctrica con antigüedad por sobre los 25 años; (2) el sistema de transmisión que debe reforzarse para atender las necesidades de interconexión; y (3) la distribución, que presenta limitaciones en su equipamiento para la gestión comercial y el monitoreo de las redes de media y baja tensión.

Los últimos proyectos del BID

La mayoría de los proyectos en los que el Banco Interamericano de Desarrollo ha participado en Venezuela están relacionados con el sector de reforma y modernización del Estado; agricultura y desarrollo rural; empresas privadas y desarrollo de pequeñas y medianas empresas; industrias y energía, según el resumen de proyectos de su portal web.

Los últimos proyectos aprobados en 2017 fueron en áreas de energía; desarrollo y vivienda urbana; mercados financieros; reforma y modernización del Estado y comercio.

El último proyecto aprobado es de cooperación técnica y apoyo al Ministerio de Comercio de Venezuela “en el fortalecimiento institucional en las áreas de promoción de exportaciones, atracción de inversiones y facilitación comercial”. El proyecto, aprobado en agosto de 2017, está en fase de implementación y tiene un costo total de 100 mil dólares.

En julio de 2017, se aprobó el proyecto de apoyo al fortalecimiento del sector eléctrico venezolano, con el cual se busca el desarrollo de estudios que permitan mejorar la sostenibilidad financiera y operacional del sector, en temas relacionados con (1) el esquema de tarifas y subsidios; (2) el aseguramiento del ciclo comercial y recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas; y (3) la planificación de inversiones para la reducción de los costos de generación.

  Tocoma
Tocoma, la central hidroeléctrica en construcción desde hace más de una década contó con préstamos del BID / FOTO William Urdaneta  
 

Sobre el segundo punto, el proyecto detalla que, en 2015, alrededor de 40.000 GWh de la energía generada neta se destinó a cubrir las pérdidas totales del sistema. “Las pérdidas alcanzaron un índice de 27,55%; siendo la mayor parte de ellas correspondientes a pérdidas no técnicas (22,8%). Una reducción significativa en este nivel de pérdidas permitiría mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema Eléctrico Venezolano al obtener ingresos por la energía actualmente no facturada, postergar ciertas inversiones en la expansión de la generación del sistema, y reducir los costos de generación asociados al consumo de combustibles fósiles, así como reducir las emisiones de CO2, entre otros”.

Según los análisis realizados por la Corporación Eléctrica Nacional, (Corpoelec), existen cerca de 2,2 millones de usuarios no autorizados conectados a la red y alrededor de 425.000 usuarios cuyos equipos de medición presentan anomalías o no funcionan.

También en junio del año pasado, fue aprobado el proyecto de implementación del Programa de Ciudades Sostenibles, “una aproximación integral para ciudades intermedias en Venezuela”. Con un costo total de US$ 1,1 millones, a desembolsarse en 36 meses, el proyecto también está en fase de implementación.

En el año 2014, previa elaboración de un estudio de ciudades que califican para el programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES), el gobierno solicitó al BID la aplicación de la metodología en la ciudad de Cumaná, culminándose su Plan de Acción a comienzos de 2016. Actualmente, se encuentra en etapa de pre inversión, especifica el documento del proyecto. En atención a los resultados en Cumaná, el gobierno solicitó aplicar el programa en tres ciudades intermedias: Barcelona-Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui; Puerto Cabello en el estado Carabobo y El Tigre, al sur de Anzoátegui.

En mayo, se aprobó el proyecto de transferencia de conocimiento sobre Supervisión Basada en Riesgo del mercado de capitales en Colombia para capacitar a funcionarios en el área de mercado de capitales en una pasantía de 4 a 5 días. En el sector de reforma y modernización del Estado, se aprobó en febrero de 2017, el proyecto de transferencia de conocimiento sobre Estadísticas Fiscales en México, ya ejecutado por un monto de US$ 16.860.

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En Guayana, los proyectos en los que ha participado son de alcance nacional. Uno de ellos contempla la rehabilitación de las unidades de la 1 a la 6 de la casa de máquinas 1 de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri. En 2017, el organismo resaltó que esta inversión estratégica requería ser monitoreada adecuadamente y su ejecución asegurada.

“Su culminación exitosa es fundamental para garantizar el abastecimiento de la demanda de electricidad en el mediano y largo plazo, al tratarse de conservar la capacidad de generación y la vida útil de la principal fuente de energía renovable del país, además de expandir la capacidad en 705 MW, gracias a la repotenciación de las seis unidades”. El proyecto cuenta con un presupuesto total de US$ 1.309 millones.

Su financiamiento también ha estado presente en la central hidroeléctrica Tocoma, que cuenta con más de una década en construcción. La Asamblea Nacional determinó en 2017 desembolsos desproporcionados a la obra. En el caso del financiamiento de $ 3.050 millones, otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el BID entre 2004 y 2010, indicó que hubiese permitido cubrir 100% del costo de una central similar en la región, específicamente Caruachi, que contó con un financiamiento de apenas $ 650 millones por parte de ambos entes multilaterales.

En 2006, el BID estimaba que el costo total del proyecto era de $ 3.061 millones y, en 2008, la cifra subió 40% a 4.301,6 millones.

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