Martes, 04 Julio 2017 00:00

Aumento salarial de Maduro reitera violación de diálogo tripartito y convenios de la OIT

 
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Además del bajo poder adquisitivo, los asalariados en Venezuela sufren para abastecer sus despensas y neveras debido a la escasez de productos básicos Además del bajo poder adquisitivo, los asalariados en Venezuela sufren para abastecer sus despensas y neveras debido a la escasez de productos básicos Foto Archivo

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Los recientes exhortos
de la OIT a Venezuela

La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT tomó nota de la falta de diálogo social en relación con una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, indica el informe final de casos, en el que se discutió la situación de Venezuela.

A la luz de la discusión, la comisión instó al Gobierno nacional a que, con la asistencia técnica de la OIT y sin dilación:

- Formule, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, una política de empleo orientada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en un clima de diálogo exento de cualquier forma de intimidación;

- Adopte medidas concretas para poner en práctica una política de empleo que estimule el crecimiento y el desarrollo económico, eleve los niveles de vida y ayude a combatir el desempleo y el subempleo, e

- Institucionalice un debate tripartito, con la presencia de la OIT, para fomentar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a fin de impulsar el diálogo social y promover unas relaciones laborales sólidas y estables.

“La comisión pidió al Gobierno que aplique el Convenio número 122 y dé seguimiento sin mayor dilación a las conclusiones de 2016 de la comisión. Asimismo, pidió al Gobierno que informe con detalle antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos, que se celebrará en noviembre de 2017, sobre las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones”.barra ama370

 

Ha transcurrido menos de un mes desde que la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reiteró, por segunda vez al Gobierno venezolano, la necesidad de institucionalizar el debate tripartito “para fomentar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a fin de impulsar el diálogo social y promover unas relaciones laborales sólidas y estables”.

La mesa tripartita, integrada por gobierno, empleadores y trabajadores, es una de las condiciones en la mayor parte del mundo para establecer políticas de empleo, que incluyen aumentos salariales, que beneficien a la masa laboral, sin menoscabo de la actividad productiva.

Una vez más, pese al reciente exhorto, el Ejecutivo aprobó un aumento de 50% del salario mínimo y de las demás tablas salariales de trabajadores de la administración pública, además de un incremento del bono de alimentación, que pasó de 15 a 17 unidades tributarias (UT), a partir del 1 de julio.

Con el aumento, el salario mínimo mensual pasa de 65.021 a 97.531 bolívares, y el bono de alimentación se incrementará de 135 a 153 mil bolívares, con lo cual la remuneración mínima legal en Venezuela queda fijada en 250.531 bolívares mensuales.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, resaltó que el bono de alimentación sigue ubicándose por encima del salario, lo que representa una desmejora en la calidad de vida del trabajador y sus planes a futuro.

Organizaciones como Provea han advertido que esta disparidad se traduce en la precarización del salario, porque el bono de alimentación “no se ve reflejado en las prestaciones sociales, bono vacacional, prima por antigüedad, entre otros beneficios contractuales”, destacó Torres.

“Se ha venido deteriorando nuestro patrimonio, ya que el salario ha sido bonificado y cada día tenemos menos prestaciones sociales, aparte de que los trabajadores necesitamos que se nos cancelen los pasivos laborales, que son más necesarios que un aumento salarial”, consideró Orangel Palma, coordinador regional sindical de Un Nuevo Tiempo y miembro del Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase).

El trabajador de la briquetera Orinoco Iron calificó como un soborno en pro de la Asamblea Nacional Constituyente el aumento salarial anunciado el domingo. “Se da en medio de una crisis bastante aguda que sufre el país y donde los trabajadores necesitan una economía saludable (…) pero de manera irresponsable el presidente lo que hace es hacer un aumento que se convierte en sal y agua, es un aumento que no tiene base que respalde que sea el correcto para la situación que estamos viviendo”.

Tres convenios de la OIT violados

La remuneración mínima legal no solo sigue siendo insuficiente para cubrir la canasta básica familiar, además de que la mayor proporción de la suma no tiene incidencia salarial, sino que -apuntó el vocero de la CTV- viola tres convenios suscritos con la OIT: el 26, que establece la discusión tripartita; el 95, pues “se sigue trabajando para ganar por comida, no por un desarrollo integral de la familia contrario a lo contemplado en la norma 95 sobre la protección del salario”; y el 122, que se refiere a la política de empleo.

El convenio 026 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (1928) establece que todo miembro de la OIT que ratifique el convenio “se obliga a establecer o mantener métodos que permitan la fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores empleados en industrias o partes de industria en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios, por medio de contratos colectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean excepcionalmente bajos”.

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Los métodos para la fijación y el alcance de su aplicación deben ser decididos “previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores”. El diálogo tripartito es el más usual, pero desde hace más de una década no se emplea en el país. Y en Venezuela, a la par de la falta de consulta, el gobierno que ha institucionalizado una política de ocultamiento de estadísticas oficiales no precisa la motivación detrás de las variaciones porcentuales que, en lugar de elevar el poder adquisitivo de los asalariados, atiza la inflación, que expertos estiman culminará el año alrededor de 800%.

La fijación unilateral vulnera también el convenio 095 sobre la protección del salario (1949) que establece en el artículo 4 que cuando se autorice el pago parcial del salario con prestaciones en especie se deberán tomar medidas pertinentes para garantizar que “las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador y su familia, y redunden en beneficio de los mismos”, así como que “el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable”.

“Si bien es cierto que compensa un poco la difícil situación de la clase obrera venezolana, no resuelve el problema de fondo ocasionado por las erradas políticas económicas de este gobierno (…) se traducirá en mayor inflación y desempleo, toda vez que no cubre ni un tercio del costo de la canasta alimentaria, que hace un mes estaba por el orden de los 900 mil bolívares”, apuntó Torres. 

La cesta básica, que incluye alimentos y servicios básicos para una familia de cinco miembros en promedio, subió 17,5% en mayo y se ubicó en 1.426.363,38 bolívares. La nueva remuneración mínima cubre apenas 17,5% de esta suma, menos de la quinta parte.

Migración y cierres

En un contexto de retroceso económico, Fedecámaras Bolívar expresó a través de un comunicado su temor por el riesgo de cierre de empresas, debido a la imposibilidad de cubrir gastos operativos tras el aumento salarial.

En el centro de San Félix, advirtió el gremio, un 40% de los comerciantes “se han visto en la necesidad de cambiar su actividad comercial de origen como zapaterías, quincallas y mueblerías; para comercializar bienes de primera necesidad en la búsqueda de mantenerse operativos”, mientras que un 15% aproximadamente de negocios en el municipio Caroní “han cerrado sus puertas por la imposibilidad de sostener su estructura de costos, lo que se traduce en mayor índice de desempleo en la entidad”.

Con el aumento salarial, vigente desde el 1 de mayo, arranca la cuenta regresiva para una mayor inestabilidad del aparato productivo nacional y un repunte en los precios: el mayor temor de los venezolanos.

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